“UNA ESPERANZA QUE SE DILUYE”

Por: Waldo Vargas Reyes

*(RK-93 KOLLASUYO)* Hace dos días atrás, se conoció la noticia que los empresarios privados de Bolivia tras su Congreso Nacional realizado en la ciudad de La Paz, determinaron aplicar un plan de “salvataje” para controlar la pandemia de la COVID 19, que se encuentra circulando en nuestro territorio desde hace un año y dos meses atrás.

Dentro de las ocho conclusiones, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), resolvió su compromiso de apoyar los planes de vacunación contra el COVID-19, solicitando al gobierno se les permita la gestión de provisión de vacunas, lo mismo que la cadena de suministros de las mismas para llegar a todos los sectores del país.

Hecho que fue felicitado por los medios de comunicación a nivel nacional; sin embargo, esta buena noticia se fue debilitando y fue objeto de una desilusión rápida por la sociedad al conocer que su distribución no era “gratuita” ni para el personal con quienes trabajan en sus empresas y este plan de “salvataje” tenía su costo o su valor económico por cada vacuna que se importe al país.

La cual fue ratificada por su presidente Luis Barbery e informó que el 80% de las empresas fueron “gravemente” afectadas en sus ingresos por la pandemia del COVID-19 y que se avecina una “sucesión de nuevas crisis” económicas y que su dimensión estará determinada por las medidas que se tomen.

Recordemos que ya en diciembre de 2020 dos farmacéuticas chinas Sinovac Biotech (privada) y la Sinopharm (estatal) ofrecieron la venta de vacunas al sector privado como al Estado por cada dosis entre 25 y 30 dólares. Es decir, que para una persona se gastaría entre 50 y 60 dólares, lo que significa que cada ciudadano que desea obtener cada dosis le costaría Bs. 418 (Cuatrocientos dieciocho 00/100 bolivianos) y la pregunta del millón es ¿Quienes podrán adquirir cuando en el seno familiar existe de 3 a 5 miembros que aguardan la vacuna?

Por su parte, el gobierno al igual que las clases sociales empobrecidas de los pueblos del sur a tiempo de felicitar ese gesto empresarial, señalaron que ésta debía ser “gratuita” para evitar el negocio de la salud que es un derecho constitucional.

Pueblos del Sur, 7 de mayo de 2021.

 

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